Ante la pobreza energética ¿qué se puede decir?. Pues si la administración se encarga de cobrar los impuestos que generan las empresas suministradoras, suponiendo que tributen en España, ¿por qué esos tributos no se aplican a la seguridad de continuación del suministro, cuando existan problemas para pagar por los ciudadanos?. Si las empresas obtienen facilidades por parte del gobierno para realizar y fomentar su actividad, sin que la competencia perjudique sus precios, podrían ser más flexibles en cuanto al cobro de sus servicios con los consumidores, sobre todo con los más desfavorecidos.
En otro plano, el de la ética, estas empresas ¿no tienen obligaciones sociales? A cambio de que el Estado les conceda todas las licencias necesarias para ejercer su actividad, o ¿sólo hay condiciones para los ciudadanos?. Los ricos más ricos y los pobres más pobres, ¿se puede permitir quitar el suministro a personas que no pueden pagar?, es una injusticia y el gobierno del PP callado.
El caso de Reus es un caso de exceso y en algunos casos falta de leyes justas y de competencias, por no estar bien definidas las fronteras entre ellas. No sé si hay una ley marco que regule estos casos; pero es algo que empieza a ser generalizado. Otra cuestión es el funcionario mediocre, que ante el pago por la administración de la factura del agua, no se molestó en comprobar la falta de pago de la luz. Sólo estaba para rellenar el expediente.
El corte de la luz se debió quizás al que se presentó el expediente a la administración y se vio por la factura del agua, que ya habían sido avisados, con lo cual, daban a entender que la señora podía pagar la luz. Finalmente, todos tienen parte de culpa.María José, José María e Ignacio Soto.
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